Categoría: energia

No olvides que el domingo volvemos al horario de verano

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El próximo domingo 27 de marzo todos los europeos adelantaremos nuestros relojes una hora, con lo que estrenaremos el nuevo horario de verano.
Recuerden que en la madrugada del domingo los relojes deberán adelantarse una hora (a las 02.00 h serán las 03.00 h).

Aunque será casi imposible pasarlo por alto por que se publica y anuncia a conciencia este año nos coge el final de las vacaciones de Semana Santa y algunos lo pueden pasar por alto.

El motivo de los cambios de horario de invierno y verano es el ahorro energético.
Este proceso se aplica como directiva desde 1981 y ha sido renovada sucesivamente cada cuatro años. Desde la aprobación de la Novena Directiva, por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, en enero de 2001, este cambio se aplica con carácter indefinido. Dicha Directiva está incorporada al ordenamiento jurídico español por Real decreto 236/2002, de 1 de marzo. De obligado cumplimiento para todos los países de la UE, esta directiva establece con carácter permanente las fechas de inicio de los periodos de cambio horario:

El horario de verano: el último domingo del mes de marzo, en el que se adelanta el reloj una hora.
El horario de invierno: el último domingo del mes de octubre, en el que se retrasa el reloj una hora.

Pero, ¿Cómo se obtiene ahorro energético con el cambio horario?
Pues bien al adelantar los relojes una hora se aprovecha más la luz del sol y permite ajustar las horas de trabajo con las horas de mayor luminosidad con lo que conseguimos un mayor ahorro de energía.

Con el cambio horario se podría conseguir un ahorro del 5% en el consumo eléctrico del país. Lo que supondría alrededor de unos 300 millones de euros, de los cuales unos 210 millones de euros serian de los edificios del sector terciario de la industria y unos 90 millones corresponderían a los hogares españoles, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Para alcanzar este potencial de ahorro, hay que tener un comportamiento responsable, a la hora de prescindir de la iluminación artificial cuando no es necesaria, así como la utilización de tecnologías de ahorro en iluminación por aprovechamiento de la luz natural.

El RD que completa la normativa de Eficiencia energética

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El RD que completa la normativa de Eficiencia energética

Ya os contábamos en su día que la Comisión Europea había abierto un procedimiento de infracción a España por no haber traspuesto a su ordenamiento interno la obligación de que las grandes empresas hagan auditorías energéticas, incluida en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética.

Y es que aunque España había incorporado al ordenamiento interno parte de la Directiva con la Ley 8/2014, no había desarrollado varios de sus preceptos, quedando aun pendiente un Real Decreto que regule las auditorías energéticas y otras disposiciones, la obligación de instalar contadores individuales en las calefacciones centrales, así como otra norma para los Certificados de Ahorro Energético (CAF).

Pues bien, el pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que impulsa la eficiencia energética en varios ámbitos: auditorías energéticas, acreditación de auditores y proveedores de servicios energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

Según indica Industria en su nota de prensa con este Real Decreto, junto con el resto de normas aprobadas en esta legislatura que también trasponen la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, permite impulsar el ahorro y la eficiencia energética contribuyendo de manera decisiva a alcanzar los objetivos de la UE.

Según señala industria, El RD establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las grandes empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio. Las auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años.
El plazo concedido a las empresas para realizar las auditorías es nueve meses, y podrán sustituirlas además por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor.
Las auditorías tendrán que realizarse por auditores energéticos profesionales que cumplan con los requisitos de cualificación establecida en el RD, sin perjuicio de que también podrán realizarse por personal interno cualificado.

Respecto a los proveedores de servicios energéticos, quedan establecidos en el RD los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de proveedores de servicios energéticos, que deberán acreditar su cualificación en materia energética mediante titulación universitaria o de FP, o bien acreditando su competencia profesional teórica y práctica. Y deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil.

España tiene un 72,9% de dependencia energética frente al 53,4% de la UE

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Según datos publicados por Eurostat, oficina comunitaria de estadística, el índice de dependencia energética en la Unión Europea aumento tres decimas en 2014 respecto al año anterior registrando en 2014 un índice de dependencia energética del 53,4%.

La dependencia de las importaciones energéticas fue en 2014 ligeramente inferiores a las de 2008, su momento más crítico, ya que ese año llegaron a un máximo del 54,5%.

La oficina comunitaria de estadística destaca a pesar que la evolución de la dependencia energética no ha sido constante entre 1990 y 2014, sí se ha mantenido por encima del 50 % desde 2004.

Entre los Estados miembros, el índice de dependencia energética varía mucho, dependiendo la mitad de ellos sobre todo de las importaciones energéticas para sostener su consumo, mientras que la otra mitad registró una dependencia por debajo del 50 %.

España fue, en 2014, el octavo país con mayor dependencia, con un índice de dependencia energética del 72,9%, lo que supone casi 3 decimas más que en 2013 cuando el índice fue de 70,4%, aunque no supera al índice alcanzado en 2005 cuando alcanzó el 81,4%.

Los países con mayor dependencia fueron Malta con un índice del 97,7%, Luxemburgo del 96,6% y Chipre del 93,4%. Mientras que los menos dependientes fueron Estonia con un índice del 8,9%, Dinamarca del 12,8% y Rumanía del 17%.

Entre los cinco países comunitarios que más energía consumen, los menos dependientes fueron el Reino Unido con un índice del 45,5% y Francia del 46,1%. Mientras Alemania obtuvo un índice del 61,4%, España del 72,9% e Italia del 75,9%.

Recurso colectivo contra el decreto de Autoconsumo ante el Supremo

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El pasado 2 de febrero se presento ante la Sala Tercera, Sección Tercera del Tribunal Supremo, recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

El recurso fue interpuesto por Lasal del Varador, S.L., Solares-Solartys, Cluster d´Eficiencia Energetica de Catalunya, D. Josep Puig Boix, D.Lluis Maria Coll i Ripoll, D. Andrés Montesinos Campos, Alternativa Verda, Dia de la Terra, Grup de Cientifics i Tecnics per un Futur no Nuclear, Eurosolar, Solar Tradex y Greenpeace España.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contra el Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, que regula el autoconsumo, que los denunciantes consideran vulnera la normativa española y varias directivas comunitarias.

Según un comunicado de El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya esta normativa española sobre autoconsumo “además de ser la más restrictiva del mundo, es ilegal”. Y lamentaba que, “tras cuatro años de borradores e incertidumbre regulatoria claramente dirigidos a evitar el crecimiento del sector del autoconsumo eléctrico”, el decreto es una barrera regulatoria que desincentiva el autoconsumo.

También, defiende la imparable democratización de la energía y el hecho de que cualquiera pueda autoabastecerse con energías renovables a costes inferiores que comprando la electricidad de la red eléctrica.

El Real Decreto 900/2015 vulnera numerosas directivas europeas y “frena la necesaria transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente”, así como el derecho fundamental a la entrada de los consumidores en el sector eléctrico en paridad de condiciones, en consideración de los recurrentes.

El TS rechaza indemnizar por los recortes de 2010 a las fotovoltaicas

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El Tribunal Supremo rechaza indemnizar por daños y perjuicios a las empresas fotovoltaicas por la normativa aprobada por el Gobierno en 2010, que recortaba la retribución a las plantas solares fotovoltaicas.

El Supremo ha desestimado los cinco primeros recursos planteados por empresas fotovoltaicas contra la decisión de denegar las indemnizaciones del Consejo del Ministro. Y trasladará estas sentencias a las más de 150 empresas que tienen también planteado recurso por el mismo motivo, para que decidan si continúan con los recursos o desisten tras el criterio fijado por el alto tribunal en estas primeras resoluciones.

Según el fallo, la existencia de un daño indemnizable “debe contemplarse en relación con la totalidad de la vida útil de las instalaciones (fijada en 30 años), y la prueba pericial practicada en las actuaciones ha puesto de manifiesto que la disminución de ingresos derivada de la limitación de la retribución ha sido compensada mediante disposiciones posteriores, lo que permite afirmar que la actividad de producción de electricidad a través de este régimen especial ofrece una rentabilidad razonable (en el entorno del 8% anual), que excluye que el daño sea real y antijurídico”.

Resalta que los titulares de las instalaciones fotovoltaicas que obtuvieron su inscripción al amparo del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, “no adquirieron, ni incorporaron a su patrimonio, un derecho, perfecto e ilimitado, a percibir una ‘tarifa regulada’ por la totalidad de la energía neta producida durante toda la vida de esa instalación en los términos que entonces establecía aquella disposición reglamentaria”.

Y subraya que “la forma, la cuantía, la extensión y la duración de los incentivos reconocidos a las instalaciones fotovoltaicas no pueden quedar petrificadas con aquella regulación inicial, sino que son susceptibles de las correspondientes adaptaciones a las nuevas circunstancias concurrentes, concretamente al desarrollo tecnológico y al nuevo escenario económico que ha incidido de lleno en las previsiones de demanda eléctrica que se tuvieron en cuenta originariamente, sin olvidar el conocido como ‘déficit tarifario’”.

Para conocer si se cumplía “rentabilidad razonable”, se ordenó una prueba pericial, según la cual en la práctica totalidad de las instalaciones su rendimiento se sitúa en el entorno del 8% anual durante los treinta años contemplado, y que, aunque a corto plazo (en los años 2011, 2012 y 2013), se aprecia efectivamente una merma de ingresos, ninguna de las instalaciones tiene un descenso apreciable de su rentabilidad si se contempla en la totalidad de los 30 años del periodo.

La sentencia señala que no concurren los vicios de constitucionalidad aducidos por los recurrentes y no aprecia la infracción de las normas del Derecho de la Unión Europea relativa a los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima tampoco.

El recorte retributivo de las renovables al Constitucional

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El pasado 23 de diciembre Industria publicaba una nota de prensa en la que indicaba que el Tribunal Constitucional había desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Murcia contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Señalando que “El Tribunal Constitucional valida por tanto los principios del nuevo marco retributivo para las energías renovables, que han sido desarrollados por el Gobierno como parte de la reforma eléctrica”.
Y afirmando que “El pronunciamiento del Tribunal Constitucional desestimando el recurso frente a la reforma de renovables, sentará probablemente el criterio en los sucesivos recursos en este ámbito, avalando así la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en esta legislatura”-

Pues bien, a pesar de ello, las empresas de energías renovables solicitarán al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad del recorte retributivo retroactivo que han sufrido las fuentes limpias y la cogeneración con la última fase de la reforma eléctrica.

De acuerdo con uno de los participantes en los numerosos recursos que hay en el Supremo contra los recortes, el bufete Holtrop Transaction & Business Law , en febrero deberían recibir una notificación firme del tribunal en la que se les pregunte sobre la posibilidad de elevar una cuestión de constitucionalidad al Constitucional sobre la legalidad de los citados recortes.

Los demandantes no están de acuerdo con la interpretación Industria. Ya que a su juicio, el Real Decreto-ley 9/2013, puede ser perfectamente legal desde el momento en que habilita al Gobierno a diseñar un nuevo régimen retributivo y únicamente establece sus líneas generales.

Aunque el bufete Holtrop Transaction & Business Law, considera que para saber si los recortes de ingresos se ajustan a la Constitución es necesario analizar también las normas que desarrollaron el citado real decreto-ley, esto es, la propia Ley 24/2013 del sector eléctrico, el Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014, que terminó de definir el nuevo régimen retributivo de las instalaciones en función de unos prolijos estándares de costes de inversión.
Por lo que no es hasta los desarrollos normativos posteriores cuando se concreta el mecanismo retributivo y en numerosos casos no se alcanza el umbral de rentabilidad razonable, que ahora debería ser del 7,4%.

En 2015 la demanda eléctrica aumenta un 1,9%

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Según publica REE en el Avance del informe del sistema eléctrico español del 2015, demanda peninsular ha registrado el primer valor positivo de los últimos cinco años.

En el 2015 la demanda peninsular de energía eléctrica ha crecido un 1,9% respecto a 2014, hasta alcanzar los 248.181 GWh. Aunque teniendo en cuenta los efectos del calendario y las temperaturas, la demanda de electricidad ha crecido un 1,5% con respecto al año anterior.

Los valores máximos de potencia instantánea se alcanzaron el 4 de febrero, con 40.726 MW a las 19.56 horas y de demanda horaria con 40.324 MWh entre las 20.00 y las 21.00 horas. Mientras que fue el 20 de enero, cuando se registró el máximo de demanda de energía eléctrica diaria con 821 GWh.

Respecto a las renovables, la producción de electricidad con fuentes renovables ha descendido 5,4 puntos respecto al año anterior, principalmente, por la caída de la generación hidráulica que ha sido un 28,2% menos que en 2014. Y la eólica que ha descendido su producción un 5,3% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 47.948 GWh.
Este año, el 37,4% de energía eléctrica demandada se cubrió con generación renovable.

REE destaca que la generación nuclear cubrió este año el 21,7% de la demanda de energía eléctrica, seguida del carbón que aportó el 20,3%, la eólica el 19,1%, la hidráulica el 11,1%, la cogeneración y resto el 10,6%, el ciclo combinado el 10%, y las tecnologías solares y la térmica renovable, que cubrieron conjuntamente el 7,2% de la demanda anual, aportación similar a la del 2014.

En cuanto a los sistemas no peninsulares, demanda anual de energía eléctrica ha crecido este año un 2,2 % respecto al año anterior. En Baleares se ha incrementado en un 4,1 %, en Canarias un 1,1 % y en Melilla un 2,5 %, mientras que en Ceuta ha descendido un 2,6 %.

El enlace Península-Baleares ha registrado un saldo exportador hacia el archipiélago de 1.328 GWh, un 2,3 % superior al 2014, lo que ha permitido cubrir el 22,8 % de la demanda del sistema eléctrico balear.

Casi 207 millones aportarían las empresas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2016

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Ya están, en principio, establecidas las aportaciones de las empresas del sector empresas del sector energético, al Fondo Nacional de Eficiencia Energética durante el ejercicio 2016.

Y es que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha elaborado una propuesta de orden ministerial en la que se establecen las aportaciones obligatorias de cerca de 240 empresas del sector energético al Fondo Nacional de Eficiencia Energética durante el próximo ejercicio.

La aportación que tendrán que realizar las empresas asciende a casi 207 millones de euros, según consta en el borrador de la orden ministerial elaborada por Industria para consulta pública. Concretamente las empresas aportarían un total de 206,8 millones de euros al fondo, lo que supone una disminución frente a los 243 millones consignados inicialmente para el ejercicio 2015.

Este fondo fue creado con el objetivo de cumplir las exigencias comunitarias en materia de ahorro y eficiencia energía, pero como a muchas otras medidas le han plantado batalla en los tribunales las empresas afectadas.

Para el ejercicio de 2016 el objetivo, fijado por Industria ha sido de, ahorro agregado de energía equivalente a 3.046 gigavatios hora (GWh), lo que es el mismo volumen que en 2015.

Dentro de las empresas obligadas a cumplir con las aportaciones al fondo, Repsol es la que debe asumir un mayor sacrificio, con unos 37 millones, seguida de Endesa, con una aportación de unos 25 millones, seguida por Gas Natural Fenosa que aportarán unos 22 millones, Cepsa que aportarán unos 19 millones e Iberdrola que deberá aportar 12 millones.