Fijadas las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en 2016

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El pasado sábado se publicó en el BOE Orden IET/359/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016.

El fondo de eficiencia da cumplimiento a las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020.

Para lograr el objetivo, cada Estado debe diseñar un sistema de obligaciones de eficiencia energética, en el que las empresas distribuidoras y comercializadoras asumen el compromiso de ahorrar lo equivalente a un 1,5% de sus ventas anuales de energía.

En la Orden se establece el objetivo de ahorro energético en el año 2016, los porcentajes de reparto entre los correspondientes sujetos obligados y las cuotas u obligaciones de ahorro resultantes y su equivalencia económica.

Para este año se establece un objetivo de ahorro agregado de 3.046,51 GWh. Con una equivalencia financiera de 67.916,58 euros por GWh ahorrado.

Y se reconocen los derechos de cobro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética a aquellos sujetos obligados cuya obligación de aportación en 2016, una vez tenidos en cuenta los ajustes correspondientes al 2015.

Las empresas de Repsol deberán dedicar 42,5 millones de euros al fondo, Endesa por su parte 24,5 millones de y Gas Natural Fenosa, que también debe asumir la parte proporcional del 50% en la sociedad conjunta Unión Fenosa Gas, casi 26 millones de.

Cepsa, deberá aportar unos 22,5 millones, mientras que BP aportará 19 millones y las sociedades de Iberdrola que BP aportarán cerca de 15 millones mientras Galp aportará 11,7 millones.

Una vez fijadas las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, no sorprendería que las empresas obligadas presentasen recurso ante el Supremo, como han hecho en ocasiones anteriores. Y tal y como se indica en la orden “Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó.

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