Aunque años atrás se apostó por ellas alcanzando la cumple, su caída está siendo empicada.
Las principales energías renovables de nuestro país, las energías eólica y fotovoltaica han perdido mas de 50.000 empleos y han entrado en una espiral de la que les será difícil salir. Las principales causas de esto la tienen la crisis económica y la ausencia de un marco regulatorio estable.
En referencia al sector fotovoltaico, en el año 2008 empleaba directamente a 60.000 personas, reduciéndose esta cifra a finales de 2012 en apenas 5.000 empleos, casi todos dedicados únicamente al mantenimiento de las instalaciones.
El nuevo impuesto del 6% a la venta de electricidad incluido en la reforma energética eleva al 36% el recorte en la retribución del sector fotovoltaico desde el 2010. Esto unido con el Decreto-ley 14/2010, por el que se recortan las horas con derecho a prima en las instalaciones fotovoltaicas, conlleva a la amenaza de muchos proyectos y a que muchos promotores se queden sin retribución regulada.
Esto ha generado una situación que el sector califica de quiebra, y que ha llevado a empresas de reconocido prestigio a engrosar la lista de las gravemente perjudicadas por la crisis económica.
La situación del sector eólico no es menos preocupante. En los últimos quince años el sector eólico había realizado un esfuerzo industrial, empresarial y humano que había requerido importantísimas inversiones económicas para la construcción de parques eólicos. Dicho desarrollo ha sido posible gracias a la existencia de unas políticas que permitieron hasta 2009 que se invirtiera en esta tecnología.
En consecuencia con esta política y estas inversiones actualmente disfrutamos de unos 22.000 megavatios eólicos instalados por toda la geografía española y que producen el 17% de la electricidad que demanda el país. Además se ha convertido en un referente a nivel mundial, tanto por el desarrollo de la energía eólica como por su integración en la red eléctrica.
Sin embargo todos estos logros se ven amenazados por la elevada presión fiscal, la moratoria para nuevas instalaciones y la inexistencia de un marco regulatorio unido al nuevo impuesto del 6% sobre la generación eléctrica. Por lo que la cartera de pedidos de los principales fabricantes del sector eólico se han dado un batacazo y los expedientes de regulación de empleo están haciendo tambalearse los cimientos de un sector que ha sido clave en la economía del país.