Que la reforma eléctrica no ha dejado a nadie contento es hoy por hoy un hecho. Pero a parte del contenido de la reforma en sí, hay otro punto que también suscita el rechazo o crítica generalizada. Y no es otro que el poco tiempo que tiene la CNE para el análisis de la batería normativa que le ha sido remitida por el Ministerio de Industria.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) ha recibido por parte del Ministerio de Industria siete decretos y cuatro de órdenes ministeriales, además del anteproyecto de ley eléctrica y una resolución sobre el nuevo modelo de factura. Es decir un total de trece normas que tienen que ser analizadas por este organismo. El plazo que se establece para recibir alegaciones y emitir los informes es de unos 15 días, ya que todas las normas se han remitido por trámite de urgencia.
El tiempo con el que cuenta el organismo para poder realizar un análisis exhaustivo de tal cantidad de normativa es más que insuficiente y ha provocado las críticas de todos los implicados.
Por su parte Facua-Consumidores en Acción considera el plazo concedido una «falta de respeto a la ciudadanía» y “lamenta que el proceso de elaboración de las normas se siga únicamente para poder afirmar que se ha contado con la participación de los agentes sociales. Así, se justifica la aprobación de nuevas normas sin garantizar un efectivo procedimiento de participación social y sin llevar a cabo una información pública real» y solicita al Gobierno que el plazo para analizar estas trece normas sea ampliado.
Aparte de estas trece normas remitidas ya a la CNE están pendientes aún por remitir un real decreto más y algunas órdenes que completan la batería normativa que compone esta reforma eléctrica. Pero parece ser que estas seránya enviadas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).