El pasado día 23 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicto una sentencia, en respuesta a cuestiones planteadas por el Tribunal Federal alemán, en la que indica que los usuarios a los que se suministra electricidad y gas “deben ser informados en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor cualquier subida de precios, de los motivos, las condiciones y el alcance de dicho incremento”, respondiendo a la obligación general de suministro.
En la sentencia señala que tanto en la directiva de electricidad (2003/54) como la de gas (2003/55) obligan a los Estados miembros a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores en relación con la transparencia de las condiciones contractuales.
Ante esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Asociación General de Consumidores (Asgeco), la considera «un respaldo a la protección de los consumidores». Y considera que “toma especial relevancia con las nuevas modalidades de contratación de precios fijos y permanencias, reforzando la obligación de informar a los consumidores de los cambios en sus contratos, debiendo ser aceptados y en caso de no serlo, pudiendo resolverse el contrato”.
La asociación recuerda que la normativa española recoge la obligación para las compañías de informar con antelación a sus clientes de los cambios de precios de la tarifa o de las condiciones generales.
Aunque el actual Precio Voluntario para el Consumidor (PVPC), que sustituye a la antigua Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), se basa en una metodología que cálculo, no en precio un estándar, por lo que el usuario no conoce de forma previa el precio que se le va a aplicar. Como sucedía anteriormente con la TUR, que los precios se publicaban en el BOE.
Por su parte FACUA-Consumidores en Acción “insta al Gobierno a asumir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Y ha indicado que “estudia emprender acciones judiciales al considerar que la sentencia del alto tribunal europeo pone de manifiesto no sólo la ilegalidad de los actuales modelos de tarifas de electricidad y gas en España, sino también de los vigentes desde hace años. Así, los consumidores podrían impugnar las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años”.