La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España por no haber traspuesto a su ordenamiento interno la obligación de que las grandes empresas hagan auditorías energéticas, incluida en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética.
Los países que se encuentran en misma situación que España son Polonia y España están Luxemburgo, Grecia, Estonia, Letonia y Lituania. Mientras que Holanda, Eslovenia y Croacia sólo han traspuesto la obligación de hacer las auditorías parcialmente, según un informe de Eurochambers, del pasado mes de septiembre.
Aunque España ha incorporado al ordenamiento interno parte de la Directiva con la Ley 8/2014, no ha desarrollado varios de sus preceptos, quedando aun pendiente un Real Decreto que regule las auditorías energéticas y otras disposiciones, la obligación de instalar contadores individuales en las calefacciones centrales, así como otra norma para los Certificados de Ahorro Energético (CAF).
Aunque bien es cierto, que según el informe de Eurochambers, muchos de los Estados miembro no han traspuesto literalmente la Directiva. Como es el caso de Italia y Dinamarca, que no sólo obligan a las grandes empresas a pasar las auditorías sino que también incluyen un criterio por consumo de energía que afecta a todas las empresas, sin atender a su tamaño.
Por otro lado en la Directiva se establece que las comercializadoras de energía ahorren un 1,5 por ciento de sus ventas anualmente o que contribuyan con una cantidad equivalente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE).
Pero ya que en España no se ha desarrollado la normativa de los CAF, las empresas afectadas no pueden demostrar que hayan hecho ahorro alguno, por lo que están directamente obligadas a contribuir económicamente, motivo por el cual muchas empresas han recurrido al Tribunal Supremo.
Hay que recordar que la previsión del Gobierno para este año es que las aportaciones de las compañías al FNEE asciendan a 206 millones de euros.