La reforma se retrasa una vez más. Desde que se anunció su aprobación en la segunda quincena de junio esta reforma ha ido sufriendo sucesivos aplazamientos.
Tras estos sucesivos aplazamientos, según fuentes del sector energético, están las diferencias entre Industria y Hacienda a la hora de tratar el problema del déficit. Soria defiende un proyecto para cobrar impuestos diferentes según el tipo de generación: en general un impuesto del 4%, más tasa específica para nucleares e hidráulicas; para la eólica un 11%; si es termosolar un 13% y los impuestos más altos para la solar fotovoltaica, un 19%. Hacienda tendría dudas sobre el proyecto y su legalidad, lo que explicaría el retraso.
Los Ministerios de Industria y Hacienda se encuentran enfrascados en una carrera contra reloj para consensuar el nuevo modelo impositivo sobre el sector eléctrico.
Industria tiene sobre la mesa dos alternativas al borrador que remitió al Consejo de Ministros hace un par de semanas y que no contó con la conformidad de Hacienda. El motivo de esta disconformidad es el temor a un rechazo por parte de Bruselas. Los técnicos fiscales avisan de que «un impuesto homogéneo y neutral entre tecnologías se adapta mejor a la normativa comunitaria y por tanto tiene menos riesgo de que lo tiren abajo».
Esa figura diferenciada, que variaba en función de la tecnología utilizada, era, en líneas generales, el principal inconveniente del texto anterior. Por el contrario, en las nuevas propuestas se apuesta por introducir un gravamen homogéneo, que deberán desembolsar las empresas.
La primera posibilidad establece el pago de 5,5 euros por el megavatio hora que producen. La otra propuesta, que parece contar con más partidarios tanto en el seno del Ejecutivo como entre las propias empresas, impondría una figura única, del 7,3%, sobre la facturación de las plantas. El objetivo es alcanzar una recaudación de 1.599 millones de euros con ambos sistemas, la cifra que manejaba Soria en su propuesta inicial.