Algunas comunidades autónomas graban con impuestos a las centrales eléctricas y esto puede llegar a su fin. Estos tributos constituyen un sobrecoste de la energía que se reparte hoy por hoy entre todos los usuarios, aunque algunas autonomías no dispongan de estas tasas. Pero las eléctricas piden que esta situación cambie a partir de enero, de modo que los usuarios de las autonomías con impuestos eléctricos paguen una luz más cara que en el resto de comunidades.
El Ministerio de Industria está elaborando el desarrollo normativo del Real Decreto-ley 20/2012 exige la aplicación autonómica de estos suplementos. Las compañías tienen preparada toda la documentación sobre la proporción de estos impuestos sobre sus ingresos, con el fin de remitirla al Ministerio una vez apruebe la orden ministerial que regule el cambio legislativo, algo ocurrirá probablemente antes de fin de año.
El objetivo es que el suplemento territorial de impuestos en el recibo de la luz se incluya en la revisión de los peajes de enero para que las eléctricas no de soporten en sus balances estas cargas. Soria, quiso dar un giro a esta situación y aprobó el recargo de los suplementos autonómicos hace más de tres meses para impulsar un cortafuegos a la imparable proliferación de impuestos autonómicos en los últimos años.
La CNE por su parte, recomendó el pasado año la aplicación de la Ley para aplicar los suplementos territoriales por regulaciones autonómicas no homogéneas que dan lugar a sobrecostes de la luz.
Algunas comunidades se enfrentan a algunos problemas ya que, con el suplemento aprobado por el Gobierno, se enfrentan a un desgaste político por la discriminación de tener una luz más cara. Y en otros casos, se ha provocado un parón de la actividad de las centrales al hacerlas menos competitivas en precio.
Algunos ejemplos son:
La Comunidad de Murcia, quE aplica una tasa a los ciclos combinados y el resultado es que su funcionamiento se ha reducido considerablemente, provocando la oposición de los residentes y sindicatos. Por ello, el Gobierno autonómico ya ha comunicado a las propietarias de estas plantas (Iberdrola y GDF Suez) que retirará el gravamen.
Castilla y León rechazó imponer un impuesto a la nuclear una vez que se aprobó la posibilidad de que los consumidores de esta región tuvieran una luz más cara. Sin embargo, esta Comunidad mantiene un canon eólico cuya aplicación ha sido recurrida por la Asociación de Productores Eólicos de la región (APCYL).