Cerca de 100 millones de euros en la partida destinada al bono social, así como otro de 150 millones de euros relacionado con otros costes eléctricos como la retribución al transporte o las actividades extra peninsulares. Son los recortes aprobados por el Consejo de Ministros.
Soraya Sáenz de Santamaría anunció tras el Consejo de Ministros que el Gobierno ha incluido algunas medidas sobre el sector eléctrico en el real decreto ley aprobado el pasado viernes para la mejora de la competitividad, pero no ha detallado su contenido. Además, anunció que la reforma energética para acabar con el déficit de tarifa se aprobará a finales de mes.
El cambio en el bono social conlleva un recorte cercano a los 100 millones de euros para una medida cuya cuantía anual rondaba los 150 millones de euros, de modo que el ajuste supone reducir esta partida en una tercera parte.
Además, establece que sea la tarifa eléctrica, es decir, los propios consumidores, y no las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON), la que financie el bono social. De esta forma, se traslada una sentencia del Tribunal Supremo en la que consideraba discriminatorio que estas empresas y no otras tengan que financiar el bono social.
Este bono supone una congelación de la tarifa eléctrica para familias con todos los miembros en paro, los beneficiarios de pensiones mínimas, usuarios de la tarifa social y familias numerosas.
Por otro lado, el Gobierno ha aprobado un recorte de 50 millones de euros en la retribución al transporte de electricidad y otro recorte de 100 millones de euros en los costes extra peninsulares, que cubren el servicio eléctrico en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.