Despues del rescate a la banca y las recomendaciones de Bruselas sobre las reformas a emprender para enderezar la economía, el Ministerio de Industria está dispuesto a realizar una reforma más exhaustiva del sector energético. Se plantean abrir totalmente la mano y liberalizar completamente el sector eléctrico, suprimiendo la Tarifa de Ultimo recurso.
Esto supondría dejar sin tarifa a más de 20 millones de clientes, que tendrían que acudir a las comercializadoras del mercado libre en la búsqueda de la mejor oferta.
Esta transición se haría en dos fases.
Primero se eliminaría la Tarifa de Último Recurso para los consumidores con una potencia entre 5 y 10 kilovatios, lo que afectaría a unos 5 millones de clientes.
Una vez conseguido este traslado se iría por el segundo tramo, que abarcaría a los consumidores de más de 3 kilovatios, donde se encuentra el grueso del mercado eléctrico, ya que supone un 43% del total.
El Gobierno quiere desregularizar el 70% del sector y cumplir con los requisitos de Bruselas, así como con las directivas de liberalización de los mercados energéticos.
En el documento de reformas enviado por Bruselas, se hace una fuerte crítica a las tarifas reguladas en España, que han provocado un agravio tanto en los balances de las eléctricas como en los consumidores, al hacerles acreedores de una deuda que ya supera los 25.000 millones de euros. Bruselas insiste en no perder de vista esta cantidad y resalta que la hipoteca eléctrica supone ya 2,5 puntos del PIB español.
Además, la Comisión advierte a España de que si no toma cartas en el asunto y soluciona el problema eléctrico puede incluir el déficit de tarifa como déficit público, lo que agravaría aún más la crisis de la deuda soberana.
Para evitar esto, Bruselas propone una fuerte subida de las tarifas eléctricas en España. Así, con una liberalización total, el Gobierno pasaría la pelota al tejado de las eléctricas, que tendrían que pelear por primera vez en una competencia real, al igual que sucede en el sector de seguros o en el de la telefonía. Sin embargo, para las compañías supondría una cara y una cruz. La cara será que ya no tendrán que presionar para que las tarifas recojan los precios reales de la energía, pero la cruz será las fuertes campañas de publicidad y comercialización que tendrán que realizar para captar clientes y mantener sus cuotas.
Por su parte, el gobierno de España se verá obligado a regular la pobreza energética, una vez finalice el bono social. En este sentido, hay que destacar que Bruselas ya impuso a Portugal en su intervención la liberalización del mercado, así como crear la figura del consumidor vulnerable, para los sectores más desfavorecidos como personas mayores, desempleados o familias con rentas bajas.